Capítulo I-3

 

La Normatividad Internacional en Materia de Prevención y Combate al Financiamiento del Terrorismo

 

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1.3.1.Los Convenios Internacionales contra el Terrorismo.
1.3.2. El Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo
	1.3.2.1. Un Amplio Campo de Aplicación
	1.3.2.2. Un Régimen Reforzado de Prevención y Represión
	1.3.2.3. Disposiciones Clásicas
	1.3.2.4. Sinóptico del Contenido del Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo
1.3.3. Las Resoluciones de las Naciones Unidades
1.3.4. La Recomendaciones del GAFI en Materia de Financiamiento del Terrorismo
	1.3.4.1. Las Nueve Recomendaciones Especiales del GAFI contra el Financiamiento del Terrorismo
	1.3.4.2. Las 40 Recomendaciones Revisadas del GAFI
1.3.5. Las Medidas de la Organización de los Estados Americanos contra el Financiamiento del Terrorismo
	1.3.5.1. La Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002
	1.3.5.2. El Reglamento Modelo de la CICAD
1.3.6. Las Resoluciones de la Unión Europea en Materia de Lucha contra el FT
	1.3.6.1. La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 13/06/2002 sobre la Lucha contra el Terrorismo
	1.3.6.2. El Plan de Acción de la UE sobre la Lucha contre el Terrorismo
	1.3.6.3. La Orden Europea de Arresto
	1.3.6.4. La Tercera Directiva Europea relativa a la Prevención de la Utilización del Sistema Financiero para el LD/FT
	1.3.6.5. La Convención Europea para la Prevención del Terrorismo
1.3.7. Las Lstas Internacionales de Individuos y Entidades Señalados como Terroristas
	1.3.7.1. La Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
	1.3.7.2. La Lista de la Unión Europea
	1.3.7.3. Las Listas Norteamericanas
1.3.8. Las Organizaciones Internacionales Relacionadas con la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo
	1.3.8.1. El Comité Contra Terrorismo de las Naciones Unidas
	1.3.8.2. El Comité Interamericano Contra el Terrorismo
	1.3.8.3. Unión Europea: GMT y CODEXTER
	1.3.8.4. GAFI y Organismos Regionales Similares
	1.3.8.5. INTERPOL
	1.3.8.6. EUROPOL
	1.3.8.7. Otras Organizaciones Involucradas en la Prevención y Represión del Financiamiento del Terrorismo
1.3.9. Zona de Lectura

Las primeras medidas en materia de lucha contra el terrorismo fueron tomadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Se trata del Convenio relativo a las infracciones y a ciertos actos de intervención dentro de aeronaves (Convenio de Tokio del 14/09/1963).

Después de este primer convenio de Tokio, entre los años setenta y el final de los años noventa, el arsenal legislativo internacional antiterrorista acumuló una docena de textos que reprimen esencialmente actos concretos considerados como nocivos a la libre circulación de las personas. Conciernen sobre todo el transporte aéreo y marítimo.

Estos convenios son los siguientes:

 

1. Convenio de Tokio, 1963: Convenio sobre los Delitos y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves

 

2. Convenio de la Haya, 1970: Convenio Para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves

 

3. Convenio de Montreal, 1971: Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil

 

4. Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.

 

5. Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes, de 1979.

 

6. Convenio Sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, de 1980.

 

7. Protocolo para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que sirven a la Aviación Comercial, suplementario a la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que sirven a la Aviación Comercial. Hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988

 

8. Convenio para la Supresión de Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de la Navegación Marítima. (Actividades terroristas en los barcos) de 1988.

 

9. Protocolo para la Supresión de los Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de las Plataformas Fijas en la Plataforma Continental. (Actividades terroristas sobre las plataformas fijas offshore) de 1988.

 

10. Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para Facilitar su Detección en el Combate del Sabotaje de Aeronaves, de 1991

 

11. Convenio Internacional para la Represión de los atentados Terroristas cometidos con Bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997

 

12, Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear – 14 de septiembre de 2005

• Complementa la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, de 1980, tipificando como delito de acto terrorismo, la posesión, fabricación, utilización o amenaza de utilización de productos o dispositivos nucleares con el objetivo de causar daños físicos o materiales, en las condiciones enunciadas en la definición de los actos de terrorismo.

 

Sin embargo, estos convenios no daban una definición del terrorismo. Tampoco se referían al aspecto financiero de los actos delictivos combatidos por estos acuerdos internacionales.

La primera definición del terrorismo que fue dada por las Naciones Unidas fue incluida dentro del Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, tomada el 9 de diciembre de 1999, lo cual se refiere a recomendaciones esencialmente orientadas a la lucha contra el aspecto financiero del terrorismo, y a su financiamiento.

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La comunidad internacional hasta este Convenio, se había enfocado en la elaboración de convenios específicos para permitir una mejor lucha contra ciertos tipos de actos de terrorismo (toma de rehenes o desvíos de aeronaves, barcos, plataformas petroleras, atentados terroristas con explosivos) pero estos convenios no preveían ningún mecanismo específico de ayuda mutua recíproca para luchar contra el financiamiento del terrorismo.

El financiamiento del terrorismo constituye una cuestión central dentro de la lucha contra este flagelo. La realización de actos de terrorismo supone la movilización de medios importantes para mantener redes clandestinas, capacitar equipos, realizar operaciones complejas, procurarse armas o comprar complicidades.

El Convenio Internacional contra el financiamiento del terrorismo de diciembre de 1999 trae una respuesta innovadora y concreta a este problema.

Por un lado, este convenio se ubica por encima de un acto de terrorismo. Apunta de manera general el financiamiento “de cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado…”. Recubre entonces, un campo mucho más amplio que las precedentes convenciones existentes sobre el terrorismo.

Además, ya que permite incriminar directamente a aquellos que financian los actos de terrorismo, abre la posibilidad de combatir indirectamente ciertos tipos de atentados terroristas, que no son actualmente cubiertos por ninguna convención específica, tales como los que no son realizados con explosivos.

Por otro lado, a diferencia de los convenios anteriores contra el terrorismo, el Convenio de 1999 coloca un conjunto de nuevas disposiciones tanto en materia de represión como de prevención.

El Convenio Internacional coloca el financiamiento del terrorismo como delito autónomo y doloso.

Da una amplia competencia a los Estados para perseguir y reprimir este delito, que cubre al mismo tiempo el suministro y la recaudación de fondos. También introduce medidas preventivas que se basan sobre un refuerzo de la cooperación de las instituciones financieras

El Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo es un instrumento que se inscribe en el ámbito del conjunto del derecho internacional antiterrorista. Lo completa al definir una infracción suplementaria, permitiendo la adopción de nuevas medidas de lucha y retomando un cierto número de disposiciones de las convenciones anteriores. Igualmente se inscribe dentro de una condena global del terrorismo bajo todas sus formas como “criminal e injustificable”, y contrario a los “propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; y al fomento de las relaciones de amistad, buena vecindad y la cooperación entre los Estados” (Preámbulo)

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1.3.2.1. Un Amplio Campo de Aplicación

 

El convenio de diciembre de 1999, tiene en primer lugar como objetivo la definición de la infracción penal del financiamiento del terrorismo. Así, como lo define el articulo 2, “Comete delito en el sentido del presente convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer”... un acto constituyendo una infracción en relación con los tratados antiterroristas anexados al convenio, o “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza ó contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

El convenio internacional define por primera vez el acto terrorista considerándolo a través de su elemento intencional, según un procedimiento y términos que van a ser tomados por acuerdos y recomendaciones regionales posteriores (en particular en el Acuerdo Marco de la Unión Europea). Esta definición fue completada por el articulo 6, que precisa que “Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para asegurar que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar”

El delito de financiamiento está definido de una manera muy amplia ya que concierne el hecho de proporcionar o recaudar fondos para un acto terrorista, y que los fondos concernidos pueden ser de cualquier naturaleza, y tener un origen legal.

La incriminación entonces está particularmente extendida y permite perseguir a todas las personas que participan de una u otra manera al financiamiento del terrorismo, cuando conocen el uso de los fondos. El convenio autoriza las persecuciones tanto contra las personas jurídicas como contra las personas físicas, permitiendo de esta manera actuar jurídicamente contra todos los actores de la cadena del financiamiento. (Art. 2 y 5).

Para que el delito de financiamiento del terrorismo sea constituido, no es necesario que los fondos reunidos hubieran sido utilizados, basta que unos fondos hubieran sido reunidos en elobjetivo de cometer un acto terrorista (Art. 2 y 3).

En la misma lógica, la tentativa igualmente es constitutiva de la infracción (Art. 2 y 4)

El acto terrorista en si mismo, está definido más allá de todas las convenciones anteriores.

La presente convención hace más que permitir la represión del financiamiento de los actos terroristas ya condenados por la comunidad internacional: autoriza las persecuciones contra cualquier acto terrorista cualquiera, que sea y contra aquellos que lo financian, dentro de la lógica de una condena global de este fenómeno.

Por fin, de manera muy clásica, al concernir infracciones internacionales, el convenio no se aplica cuando la infracción es cometida en un solo Estado, del que el presunto autor es ciudadano, encontrándose sobre el territorio de este Estado, y que ningún otro Estado tiene una razón para establecer su competencia. (Art. 3)

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1.3.2.2. Un R égimen Reforzado de Prevención y Represión

 

a) Un Régimen Reforzado de Represión

Por sus artículos 4, 5 y 8, el Convenio obliga a los Estados a colocar un régimen eficaz de represión de las infracciones definidas en el Art. 2

De esta manera, cada Estado debe penalizar las infracciones mencionadas en el artículo 2 y sancionarlas con penas apropiadas.

El artículo 5 compromete los Estados a dar la sanción posible de la responsabilidad de las personas jurídicas residentes sobre su territorio o constituidas según su legislación. Esta penalización de las personas jurídicas representa un paso importante, incluso si la sanción queda abierta en su amplitud, es decir, penal, civil o administrativa.

El articulo 8 enuncia estas disposiciones particularmente novedosas, al obligar cada Estado a tomar todas “las medidas que resulten necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de esos delitos, a los efectos de su posible decomiso”, para lo cual, deben ser tomadas medidas iguales. Estas medidas tienen directamente como objetivo la armonización de la lucha financiera contra el financiamiento del terrorismo, si es posible en los paraísos fiscales. El artículo 8 recomienda además a los Estados, afectar los fondos confiscados a la indemnización de las víctimas o de sus familias.

 

b) Un Mecanismo Reforzado de Asistencia Judicial Recíproca,

Por sus artículos 12 y 13, la convención instaura un mecanismo reforzado de asistencia judicial recíproca: los Estados se comprometen en brindarse la mayor asistencia posible. No podrán invocar ni el secreto bancario para negar una solicitud de asistencia, ni el carácter fiscal de la infracción.

Igualmente se recomienda que persigan y profundicen sus relaciones en la materia, a través de acuerdos específicos.

 

c) Una Articulación entre el Convenio y las Medidas contra el Lavado de Activos

Los Estados se comprometen a cooperar para prevenir los delitos (Art. 18). Para ello, toman medidas que exijan que las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en las transacciones financieras, presten atención especial a transacciones inusuales o sospechosas y reporten transacciones que se sospeche provengan de una actividad delictiva.

El Convenio retoma unas disposiciones contenidas dentro de las 40 Recomendaciones del GAFI para luchar contra el lavado de dinero, que se aplican igualmente a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Estas disposiciones se basan principalmente en la colaboración de las instituciones financieras, para incitarlas a mejorar el control de las operaciones financieras sospechosas y denunciarlas.

Para eso, los Estados se comprometen en tomar un cierto número de medidas para prohibir las cuentas cuyo titular o beneficiario no es identificable (cuentas con números), controlar mejor la identificación de las personas jurídicas, reportar las transacciones y las operaciones complejas, inusuales e importantes, y guardar por lo menos durante 5 años, toda la documentación en relación con las transacciones efectuadas. Los Estados deben considerar igualmente otras medidas, tales como la supervisión de todos los organismos de transferencias monetarias; y la detección y vigilancia de los transportes de dinero en efectivo de un país al otro.

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1.3.2.3. Disposiciones Clásicas

 

Es novedoso por algunos de estos aspectos, el convenio de diciembre de 1999 incluye también disposiciones ya contenidas en las numerosas convenciones anteriores contra el terrorismo.

 

¤ El principio «juzgar o extraditar»

El Convenio retoma este principio en su Art. 10, según lo cual un Estado, en donde se encuentra el presunto autor de un delito, está obligado, si no procede a su extradición, “a someter sin demora indebida, el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento”.

En el Art. 7, cada Estado se compromete en reconocerse una amplia competencia para evitar que un delito pueda escapar a la Justicia. Cada Estado se reconocerá competente si la infracción fue cometida sobre su territorio, a bordo de un buque que enarbole la bandera de ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado, por uno de sus ciudadanos, una instalación gubernamental o pública ubicada en el extranjero, incluyendo sus locales diplomáticos y consulares, y si el delito fue cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado.

 

¤ La «despolitización» del delito de terrorismo

El Art. 6 del Convenio estipula que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar.

Los artículos 14 y 15 aplican el principio en el ámbito de procedimientos de extradición o ayuda mutua reciproca. El Art. 14, el principio de despolitización de los delitos terroristas pone y ubica el presente convenio en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que se basan sobre una condena sin equivocación del terrorismo, no permitiendo ninguna justificación de orden ideológico. La misma disposición se encuentra en el convenio para la represión de los atentados terroristas con explosivos.

El Art. 15 establece una cláusula llamada “de discriminación”, permitiendo no aceptar una solicitud de extradición o ayuda mutua reciproca, que se basaría sobre consideraciones políticas. Pues se ubica sobre un plano diferente del Art. 14, ya que permite el análisis de la solicitud, ya no en relación con la naturaleza del acto, sino más bien en relación del motivo de la solicitud, permitiendo prevenirse contra solicitudes abusivas.

  

¤ Las garantías ofrecidas al presunto autor del delito

Conforme a las disposiciones clásicas en la materia, el convenio prevé, en su Art. 9, en particular en el ámbito de un proceso de extradición, que la persona que hace el objeto de la misma, pueda:

• comunicarse con el representante calificado de su Estado
• ser visitada por este mismo representante
• ser informada de sus derechos
• comunicarse con el Comité internacional de la Cruz Roja

Estos procesos son idénticos para una transferencia de una persona detenida o condenada, todos sus derechos deben ser asegurados. (Art. 16).

El Art. 17 dice, al presunto autor detenido se debe garantizar un trato equitativo y goza de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos.

 

¤ La aplicación de los principios generales del derecho internacional

Los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, y de la aplicabilidad de las convenciones existentes son reafirmados. (Art. 20, 21, 22)

 

¤ El arbitraje de la Corte Internacional de Justicia

De la misma forma que para los otros convenios sobre el terrorismo, el Convenio contra el financiamiento prevé el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia como ultimo recurso, después del fracaso de la negociación y de un arbitraje conforme.

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1.3.2.4. Sinóptico del Contenido del Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo

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1.3.3. Las Resoluciones de las Naciones Unidades

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tomado desde 1999 una serie de Resoluciones para luchar contra el terrorismo -S/RES/1267(1999), S/RES/1269(1999), S/RES/1333(2000), S/RES/1373(2001), S/RES/1390(2001), S/RES/1456 (2003), S/RES/1535 (2004) y S/RES/ 1566 (2004)- de las cuales la resolución 1373 toca específicamente el aspecto financiero del combate al terrorismo.

Esta resolución 1373 del28/09/2001 obliga a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que:

b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en sus territorios con intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo;

d) Prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes;

•  Congelen sin dilación cualesquiera, fondos de las personas que cometan actos terroristas

1. c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos;

2. a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, inclusive reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el abastecimiento de armas a los terroristas;

c) Denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios;

d) Impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos;

g) Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas mediante controles eficaces en frontera y controles de la emisión de documentos de identidad y de viaje, y mediante la adopción de medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje;

3. f) Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional y el derecho internacional, inclusive las normas internacionales en materia de derechos humanos, antes de conceder el estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse de que el solicitante de asilo no haya planificado o facilitado actos de terrorismo ni participado en su comisión;

g) Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo, y que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas;

• Comuniquen a los Gobiernos cualquier información a su disposición sobre grupos dedicados a actos terroristas o proyectando cometer tales actos y cooperen entre ellos para fines de investigación, detección, arresto y persecución de los autores de tales actos

2. b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados mediante el intercambio de información;

3 a) Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, especialmente en relación con las actividades o movimientos de terroristas individuales o de redes de terroristas; los documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados; el tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos; la utilización de tecnologías de las comunicaciones por grupos terroristas y la amenaza representada por la posesión de armas de destrucción en masa por parte de grupos terroristas;

b) Intercambiar información de conformidad con el derecho internacional y la legislación interna y cooperar en las esferas administrativas y judiciales para impedir la comisión de actos de terrorismo;

c) Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar medidas contra quienes cometan esos actos;

2. e) Aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y aseguren que, además de cualesquiera otras medidas de represión de esos actos que se adopten, dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo;

3. d) Adherirse tan pronto como sea posible a los convenios y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, inclusive el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de 9 de diciembre de 1999;

 

En virtud de la resolución 1373 se estableció también un comité contra el terrorismo (CTC) integrado por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. (Ver en los organismos internacionales concernidos por el combate al financiamiento del terrorismo)

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1.3.4. Las Recomendaciones del GAFI en Materia de Financiamiento del Terrorismo

 

 

Las primeras cuarenta recomendaciones del GAFI, (organismo intergubernamental integrado por treinta y tres países) fueron formuladas en 1990 en la óptica de luchar contra el uso abusivo de los sistemas financieros para fines de lavado de dinero de la droga. Fueron revisadas una primera vez en 1996 para integrar la evolución de las tipologías de lavado de dinero. Estas recomendaciones revisadas en 1996 fueron adoptadas por más de 130 países y constituyen actualmente la norma internacional en materia de lucha contra el lavado de activos.

En octubre de 2001, el GAFI extendió su mandato a la cuestión del financiamiento del terrorismo, en particular al adoptar ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En octubre de 2004 se añadió una novena recomendación sobre este tema. Estas recomendaciones contienen una serie de medidas para combatir el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y completan las Cuarenta Recomendaciones.

Frente a la evolución de las técnicas de lavado de capital y para tomar en cuenta la problemática del financiamiento del terrorismo, el GAFI procedió en 2003 a una nueva revisión de las Cuarenta Recomendaciones, para crear un cuadro completo de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Estas Cuarenta Recomendaciones revisadas en 2003 ahora se aplican no solamente al lavado de capital sino también al financiamiento del terrorismo, creando, con las Nueve Recomendaciones Especiales, un cuadro reforzado de medidas, extendido y coherente para la lucha contra los dos temas. Estas recomendaciones establecen normas mínimas que requieren la adopción por los países de medidas precisas de aplicación, en función de sus circunstancias particulares y cuadros constitucionales. Recubren el conjunto de las medidas que cada sistema nacional debería aplicar en materia de justicia penal y sistema de control, las medidas preventivas que deben ser adoptadas por las instituciones financieras y otras empresas o profesiones, así como la cooperación internacional.

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1.3.4.1. Las Nueve Recomendaciones Especiales del GAFI contra el Financiamiento del Terrorismo

 

En 2001, inmediatamente después y en reacción a los atentados del 11 de septiembre del mismo año, 8 recomendaciones fueron adoptadas por el GAFI en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo. Una novena se agregó en octubre de 2004.

La primera recomendación, requiere la ratificación inmediata de los instrumentos apropiados de las Naciones Unidas, y en particular la Convención de 1999 para la represión del financiamiento del terrorismo, y la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad).

 

 

La segunda recomendación, tipifica como delito penal el financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas.

 

 

La tercera, tiene como objetivo permitir a las autoridades judiciales la orden de congelamiento de los bienes y fondos que podrían ser usados para financiar actividades terroristas, y la confiscación de los mismos pertenecientes a los grupos terroristas.

 

La cuarta recomendación, pide la denuncia de las transacciones sospechosas. En este ámbito, las instituciones financieras deben poner una atención particular a todas las operaciones complejas, por una cantidad anormal y elevada, y a todos los tipos inusuales de transacciones, cuando no tienen un objeto lícito aparente.

 

 

La quinta recomendación, pide establecer mecanismos de colaboración internacional entre países. Cada país trae a otros países, con base a un tratado, acuerdo o cualquier otro mecanismo relativo, a la asistencia mutua reciproca o el intercambio de información, la asistencia más amplia posible en el cuadro de las investigaciones o procesos penales, civiles o administrativos en relación con el financiamiento del terrorismo.

 

 

La sexta recomendación, impone obligaciones de lucha contra el lavado de capitales a los sistemas alternativos financieros. El objetivo de esta recomendación es la mejora de la transparencia de los flujos financieros, asegurándose de la colocación por los países, de medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que se apliquen a todos los tipos de sistemas de remesa de fondos o valores, incluyendo los sistemas que actúan fuera del sistema financiero formal y no reglamentado.

 

 

La séptima recomendación tiende a reforzar las medidas de identificación de los operadores de transferencias electrónicas de fondos internacionales y domésticos. Tiene como objetivo impedir a los terroristas y otros criminales el acceso a los giros electrónicos, durante sus movimientos de fondos y de detectarlos.

 

 

La octava recomendación pretende reforzar el control de las entidades jurídicas, en particular las organizaciones sin fines de lucro.

 

 

La última y novena recomendación (adoptada en octubre de 2004) apunta al control eficaz de los movimientos físicos de fondos entre países para evitar el transporte internacional de fondos y otros valores al portador susceptibles de ser ligados con el financiamiento del terrorismo.

 

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1.3.4.2. Las 40 Recomendaciones Revisadas del GAFI

 

En junio de 2003 el GAFI revisó sus 40 Recomendaciones, que más adelante también contemplarán la financiación del terrorismo. La presente propuesta de Directivas hace asimismo referencia específica a la lucha contra la financiación del terrorismo y establece las modificaciones necesarias.

A continuación se presenta una visión global resumida de las mismas, que se pueden consultar en su texto integral en la documentación referencial.

 

 

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1.3.5.1.La Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002

 

La Organización de los Estados Americanos adoptó en 2002 la Convención Interamericana contra el Terrorismo cuyo objeto es prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo.

Esta herramienta regional no define tampoco el terrorismo ni los actos terroristas. Hace únicamente referencia a los Convenios Internacionales contra el terrorismo, citados en el Convenio Internacional de 1999 contra el Financiamiento del terrorismo, también incluido en la Convención Interamericana, que recomienda que cada Estado parte de la OEA adopte las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.

Sin embargo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002 recomienda diversas medidas en relación con el financiamiento del terrorismo, en particular, en su artículo 2, que hace énfasis sobre la supervisión bancaria, los movimientos transfronterizos, la cooperación y colaboración entre las autoridades competentes para su lucha. Se recomienda tomar en cuenta las recomendaciones del GAFI, de la CICAD, del GAFIC y del GAFISUD.

Artículo 4

Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo  

1. Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto, la cual deberá incluir:  

 

El Artículo 5, recomienda tomar medidas adecuadas para la identificación, congelamiento, embargo y decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan la financiación del terrorismo

El Artículo 6 recomienda incluir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales contra el terrorismo, como delitos determinantes del delito de lavado de dinero

El Artículo 7 recomienda ampliar la cooperación internacional y el intercambio de información en materia de movimientos de fondos transfronterizos

El Convenio Interamericano recomienda también otras medidas en materia de cooperación entre autoridades competentes, la asistencia jurídica mutua, el traslado de personas bajo custodia,

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1.3.5.2. El Reglamento Modelo de la CICAD

 

El Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves, modificado en 1997, 1998, 2002, 2003, y 2004 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, se enfoca sobre la aplicación de las medidas contra el lavado del producto financiero de delitos graves.

El Reglamento recomienda incluir dentro de los delitos graves, las acciones relacionadas con el terrorismo, la financiación del terrorismo, actos terroristas y organizaciones terroristas.

La definición (Art. 2) de los delitos de lavado de dinero se refiere a la dada por el Convenio Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 (Convenio de Palermo).

Sin embargo se añadió en un artículo 2 bis, un delito específico de financiamiento del terrorismo a partir de diferentes comportamientos voluntarios:

Artículo 2 Bis FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1. Comete delito penal la persona que, de cualquier forma, directa o indirectamente, recolecta, ofrece, pone a disposición, provee o entrega bienes o servicios con la intención de, o a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que los bienes o servicios serán utilizados en todo o en parte para favorecer, facilitar, promover o cometer actos de terrorismo o favorecer, facilitar o promover organizaciones terroristas.
Constituyen circunstancias agravantes:

a) Que se ofrezca recompensa o se recompense la comisión de cualquier acto terrorista con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales.
b) Que se ofrezca compensación o se compense a terceros por la muerte o lesiones de la persona que comete o participa en un acto terrorista o que esta en prisión como resultado de dicho acto.
c) Que quien incurre en cualquiera de las conductas descritas en el inciso 1 de este articulo tenga la calidad de funcionario público.

2. Comete delito la persona que participe, se asocie, conspire, intente, ayude, facilite, organice, dirija a otros a cometer, asesore o incite en forma publica o privada la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en este Articulo, o quien ayude a una persona que haya participado en dichos delitos a evadir las consecuencias jurídicas de sus actos.

3. Las conductas descritas en este articulo constituirán un delito penal aun cuando los actos terroristas no hayan sido realizados o la asistencia a los terroristas no haya sido brindada.

4. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de los delitos previstos en este articulo, así como que los bienes y los instrumentos están relacionados con actividades terroristas, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.

5. Los bienes recolectados, ofrecidos, puestos a disposición, proveídos o entregados en la comisión de uno de los delitos referidos en este artículo se consideraran producto del delito y los bienes que fueran utilizados para su comisión, se consideraran los instrumentos del mismo.

 

El reglamento modelo añade al articulo 4 sobre las medidas cautelares sobre los bienes, productos e instrumentos, de la misma manera un articulo 4 bis que apunta sobre los procedimientos a seguir en transacciones que involucren bienes del terrorismo;

1) La institución financiera informará sin dilación alguna a la autoridad nacional competente la existencia de bienes o servicios vinculados a personas incluidas en las listas elaboradas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, o por cualquiera otra organización internacional de la cual el país sea miembro, de organizaciones terroristas, individuos o entidades asociadas o que pertenecen a las mismas. La obligación de informar dependerá de que la inclusión en la lista haya sido aceptada por la autoridad competente.

2) Si el ordenamiento jurídico interno así lo permite, la institución financiera también informará de la existencia de bienes o servicios vinculados a una persona que haya sido incluida en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas elaborada por una autoridad nacional o extranjera no judicial, o quien ha sido sometida a proceso o condenada por cometer actos de terrorismo.

3) Conforme a derecho, la institución financiera al detectar los bienes o los servicios e informar a la autoridad competente no realizará operaciones que involucren los bienes y los servicios hasta recibir instrucciones de dicha autoridad, lo que no podrá exceder del máximo de tiempo legal establecido.

4) Conforme a derecho, la autoridad competente tomará las medidas necesarias para bloquear inmediatamente los bienes o servicios de las personas mencionadas en este Articulo sin notificación ni audiencia previa, y dictara instrucciones para retener o en su caso permitir el flujo de los bienes o servicios de dichas personas.

5) Las instituciones financieras prestarán especial y permanente atención a la detección de bienes y servicios y transacciones de las personas incluidas en las listas mencionadas precedentemente e informarán sobre las mismas a las autoridades competentes de acuerdo a los procedimientos establecidos en este Reglamento.

6) Con excepción de lo previsto en el Artículo 15 o en otra disposición concordante de este Reglamento las instituciones financieras, sus empleados, funcionarios, directores propietarios y otros representantes autorizados estarán exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa por el cumplimiento de las disposiciones precedentes, cuando hayan actuado de buena fe.

7) Las medidas anteriores se aplicaran si perjuicio del derecho de la persona incluida en la lista a solicita su exclusión de la misma de acuerdo a los procedimientos legales internos.

8) Cualquier persona con un interés legítimo sobre bienes retenidos o inmovilizados conforme a lo preceptuado en este Artículo podrá solicitar al tribunal u otra autoridad competente que disponga la liberación de los mismos si acredita que no tiene relación alguna con la o las personas referidas en el numeral primero.

El articulo 10 sobre las instituciones financieras que entran como sujetos obligados a las disposiciones del Reglamento Modelo, se incluyen las redes o sistemas informales de transferencias de fondos o valores.

Se ha añadido un articulo 10 Bis “REGISTRO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS” que obliga a todas las instituciones financieras del articulo 10, incluyendo entonces los sistemas informales de transferencias de fondos o valores, a una autorización administrativa, una licencia, y una supervisión por parte de las autoridades competentes.

El artículo 15 propone una sanción penal para el no cumplimiento de sus obligaciones a los representantes y dirigentes de instituciones financieras obligadas. El mismo, impone también la responsabilidad penal de la institución financiera.

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1.3.6.1. La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 13/06/2002 sobre la Lucha contra el Terrorismo

El Consejo de la Unión Europea adoptó el 13 de junio de 2002 la decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo (2002/475/JAI).

Esta herramienta comunitaria define no solamente el terrorismo, sino también da una definición jurídica del grupo terrorista.

En relación con la definición del delito de terrorismo, la Decisión Marco se basa igualmente sobre los efectos de actuaciones:

Artículo 1

Delitos de terrorismo y derechos y principios fundamentales

1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se consideren delitos de terrorismo los actos intencionados a que se refieren las letras a) a i) tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de:

- intimidar gravemente a una población,

- obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,

- o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional;

a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte;

b) atentados graves contra la integridad física de una persona;

c) secuestro o toma de rehenes;

d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;

e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías;

f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas;

g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h)…….

El grupo terrorista se define como “toda organización estructurada de más de dos personas, establecida durante cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo. Por “organización estructurada” se entenderá una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada” (Art. 2)

En el mismo articulo 2, la Unión Europea insta a la tipificación como delito, entre otros actos intencionales, la financiación de las actividades de un grupo terrorista:

Art. 2

1….

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para tipificar como delitos los actos intencionales siguientes:

a) dirección de un grupo terrorista;

b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista.

También está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas que intervienen en la comisión de los delitos mencionados, así como medidas de extradición contra los autores de los mismos (incluyendo la financiación)

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1.3.6.2. El Plan de Acción de la UE sobre la Lucha contre el Terrorismo

 

En su reunión extraordinaria de 21 del septiembre de 2001, después de los atentados del 11/09/01, el Consejo Europeo pidió al Consejo que adoptara todas las medidas necesarias para combatir la financiación del terrorismo. En respuesta a los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el Consejo Europeo adoptó la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo, el 25 de marzo de 2004.

La Declaración comprometía a la Unión y sus Estados miembros “… a hacer cuanto esté a su alcance para combatir todas las formas de terrorismo…” y señalaba varios Objetivos Estratégicos para ayudar a lograr este fin, entre ellos que la Unión y sus miembros tomen todas las medidas necesarias “para restringir el acceso de los terroristas a los recursos financieros y otros recursos económicos”. El Plan de Acción revisado de la UE sobre Lucha contra el Terrorismo establece propuestas detalladas para ampliar la lucha contra la financiación del terrorismo.

El presente Comunicado estudia algunas medidas necesarias para hacer frente a la financiación del terrorismo de manera eficaz. Sobre la base de las consideraciones recogidas en el presente Comunicado, el Anexo 1 indica otras medidas posibles para luchar contra la financiación del terrorismo que deben examinarse en términos de viabilidad y rentabilidad. El Anexo 2 es un resumen de las medidas de la UE relativas a la lucha contra la financiación del terrorismo, y adoptadas desde octubre de 2001. El Anexo 3 enumera las medidas actualmente en debate.

Se estableció en este documento que la lucha contra el financiamiento del terrorismo tenía tres áreas fundamentales:

 

¤ Propuestas de medidas contra el financiamiento del terrorismo:

En relación con estos tres ejes, se definió una serie de propuestas de acciones comunes para los miembros de la Comunidad Europea, tales como:

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1.3.6.3. La Orden Europea de Arresto

 

El 6 de diciembre de 2001, el Consejo de los Ministros del Interior y de la Justicia adoptó una decisión marco relativa a la creación de una orden europea de arresto que entró en vigor el 1 de enero de 2004. Aunque no esté formalmente limitada a la problemática del terrorismo, sin embargo esta orden de arresto fue presentada como una medida para facilitar su represión.

Se sustituye al procedimiento normal de extradición que se basa sobre la existencia de la doble incriminación. La extradición es posible únicamente si el acto perseguido constituye un delito, tanto en el país que solicita la entrega de la persona, como en el país solicitado. La orden europea abandona esta exigencia; basta que el comportamiento constituya un delito en el país solicitante.

Cada autoridad judicial de un país miembro de la Comunidad Europea reconoce y ejecuta casi automáticamente, con un mínimo de requisitos; la solicitud de extradición de una persona, formulada por una autoridad judicial de otro Estado miembro. Esta orden de arresto podrá ser emitida para infracciones que pueden dar lugar, en el Estado de emisión, a una sanción mínima de 3 años de cárcel. Una lista; no exhaustiva, contabiliza 32 incriminaciones, entre las cuales están: el terrorismo, la cibercriminalidad, el fraude, el lavado de dinero, la corrupción, la trafico de seres humanos, el homicidio voluntario y el racismo.

La orden europea de arresto procede a una extradición de personas juzgadas o buscadas. Se basa sobre el principio de reconocimiento mutuo, es decir el reconocimiento de facto del conjunto de la legislación penal de los Estados miembros de la Comunidad europea: la decisión judicial de un Estado miembro está reconocida dentro de todos sus efectos, de inmediato y sin control, a priori.

A través de este principio, cada Estado miembro, no solamente reconoce la totalidad de la legislación penal de los otros Estados miembros, sino también acepta invitar a otros países miembros a hacerla respetar.

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1.3.6.4. La Tercera Directiva Europea relativa a la Prevención de la Utilización del Sistema Financiero para el Blanqueo de Capitales, incluida la Financiación del Terrorismo (junio de 2005)

 

El 7 de junio de 2005 fue adoptada definitivamente una tercera directiva contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por el Consejo de los Ministros de la Economía y Finanzas de la Unión Europea.

Esta Directiva se destina a la actualización de las Directivas de 1991 y 2001, teniendo como objetivo principal: aplicar las cuarenta recomendaciones del GAFI revisadas en junio de 2003.

La Directiva de 1991 definía el blanqueo de capitales como delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y únicamente imponía obligaciones al sector financiero. La modificación de 2001, amplió el ámbito de aplicación, tanto en lo que respecta a los delitos, como al conjunto de profesiones y actividades contempladas.

La Directiva de 2001 dejaba abierta la definición exacta de delitos graves e instaba a la Comisión a presentar en 2004 una nueva propuesta sobre el asunto.

La presente Directiva toma referencia específica contra el financiamiento del terrorismo y establece las modificaciones necesarias para atender las cuarenta recomendaciones revisadas del GAFI en 2003.

La originalidad de esta Directiva es proponer una nueva definición del blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo. Se incluye en la definición del lavado de activos, el desvió de bienes legítimos al financiamiento del terrorismo.

Es interesante resaltar la definición propuesta en esta nueva Directiva:

Artículo 1

1. Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal.

2. A efectos de la presente directiva, las siguientes acciones, realizadas intencionadamente, se considerarán blanqueo de capitales:

a) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos,

b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad,

c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad,

d) el suministro o recogida de bienes legítimos, por cualquier medio, con la intención de utilizarlos o el conocimiento de que utilizarán, íntegramente o en parte, para fines terroristas;

e) la participación en alguna de las acciones mencionadas en los puntos precedentes, la asociación o conspiración para cometer ese tipo de acciones, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución.

El conocimiento, la intención o el propósito que han de darse en las actividades contempladas en el primer párrafo podrán establecerse basándose en elementos de hecho objetivos.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.

 

Los otros artículos de la propuesta de Directiva europea integran las disposiciones de las recomendaciones revisadas en 2003 del GAFI presentadas a continuación.

Esta nueva directiva, cubre no solamente el lavado de los productos del crimen sino también el financiamiento del terrorismo, la corrupción y el fraude

La tercera directiva antilavado, se aplica al sector financiero, a los abogados, notarios, contadores, agentes inmobiliarios y casinos. También se extiende a los intermediarios de seguros de vida, así como a los prestatarios de servicios con las sociedades y fideicomisos.

Cualquier persona que negocia bienes y acepta un pago en efectivo mas de 15 000 Euros, entra en el campo de aplicación de esta directiva.

La directiva describe de manera detallada las medidas y procedimientos que los profesionales deben seguir para asegurarse del conocimiento de sus clientes y de la comprensión de la naturaleza de sus actividades financieras y comerciales.

Sin embargo la modificación más importante reside en la definición de la actividad criminal y de una mención específica en relación con el terrorismo. El verdadero alcance de estas disposiciones sin embargo, dependerá del código penal aplicable en cada Estado miembro.

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1.3.6.5. La Convención Europea para la Prevención del Terrorismo de 2005

 

El Comité de los Expertos sobre el Terrorismo (CODEXTER) del Grupo Multidisciplinario sobre la acción internacional contra el Terrorismo (GMT) del Consejo de Europa, elaboró en 2004 un proyecto de convención para la prevención del terrorismo con los países miembros, la cual fue abierta a la firma de los Países el 16 de mayo de 2005. Esta convención viene a complementar y actualizar la primera convención europea para la represión del terrorismo, que había sido concluida el 27 de enero de 1977.

Los objetivos de la nueva convención resaltan sobre la toma de medidas para prevenir el terrorismo y para enfrentar en particular la provocación pública a cometer actos terroristas, así como al reclutamiento y entrenamiento para el terrorismo.

Se refiere a los delitos definidos en los convenios internacionales relativos a ciertos actos terroristas, pero también al Convenio para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de las Naciones Unidas (1999).

Este nuevo instrumento europeo, focaliza sobre los objetivos y medidas siguientes:

¤ Objetivos:

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1.3.7. Las Listas Internacionales de Individuos y Entidades Señalados Como Terroristas

 

 

Estas listas son un elemento indispensable para permitir a las instituciones financieras detectar transacciones o clientes sospechosos de estar ligados con el terrorismo. Sirven de referencia no solamente para la detección, sino también para tomar medidas de congelamiento sobre los activos financieros correspondientes.

 

1.3.7.1. La Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

 

En 1999, por medio de la Resolución 1267 adoptada en respuesta a la acusación de Osama Bin Laden por los atentados terroristas con bomba (1998) contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es-Salaam, el Consejo de Seguridad de la ONU creó un Comité encargado de vigilar la aplicación de las medidas contra los Talibanes y al Qaeda, por las cuales las Naciones están obligadas a congelar los fondos y otros bienes financieros de de los Talibanes, así como de Osama Bin Laden y sus socios de la organización Al Qaeda, y a evitar sus ingresos o tránsitos por sus respectivos territorios.

En esta misión, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (conocido también bajo el nombre de Comité 1267) estableció una lista de individuos y entidades ligados con los Talibanes, Osama Bin Laden y Al Qaeda que hacen el objeto de las medidas previstas por la Resolución 1267.

Esta lista es evolutiva, y cuenta actualmente con casi 450 nombres de individuos y entidades ligados ya sea con los Talibanes (150) y con la organización Al Qaeda (350)

Esta lista se puede consultar en el sitio: www.un.org/Docs/sc/committees/1267/tablelist.htm

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1.3.7.2. La Lista de la Unión Europea

 

El 27 de diciembre de 2001, el Consejo de la Unión Europea, recordando la resolución 1373 del 28/09/2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como de la determinación del 8 de octubre de 2001 de atacar las fuentes de financiamiento del terrorismo en estrecha colaboración con los Estados Unidos de América, y de la posición común 2001/154/PESC la cual prevé en particular el congelamiento de los fondos de Osama Bin Laden y de las personas, grupos y entidades asociadas con él, tomó la decisión de establecer una nueva lista extendida de personas y entidades declaradas como terroristas, exigiendo el congelamiento por los Estados miembros de la Unión, de los fondos y otros haberes o recursos económicos de los mismos.

La lista mencionada “se confeccionará sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de las personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer, participar, o facilitar dicho acto, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles; o si se trata de una condena por dichos hechos. Las personas, grupos y entidades identificados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como relacionadas con el terrorismo y contra los cuales se hayan ordenado sanciones podrán ser incluidos en la lista. A efectos del presente apartado, se entenderá por autoridad competente una autoridad judicial, o, cuando las autoridades judiciales no tengan competencia en el ámbito contemplado en este apartado, una autoridad competente equivalente en dicho ámbito”.

Esta posición común del Consejo de 27 de diciembre de 2001 sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (2001/931/PESC) también prevé que “no se pongan, ni directa ni indirectamente, a disposición de las personas, grupos y entidades relacionados en el anexo, ningún fondo, activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo.”, así como una asistencia mutua, la más amplia posible entre los países miembros, mediante una cooperación policial y judicial, para la prevención y la lucha contra actos terroristas.

Este dispositivo y conjunto de disposiciones permite a la Unión Europea, contar con un mecanismo autónomo de medidas restrictivas aplicables a las personas y organizaciones terroristas, en particular:

La lista global evolutiva actualizada del Consejo de la Unión Europea sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo puede consultarse e el siguiente sitio Internet:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l33208.htm

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1.3.7.3. Las Listas Norteamericanas

 

Una de las principales armas de Estados Unidos de América para la lucha contra el terrorismo mundial es la designación de grupos como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo cual permite acciones como congelar activos, bloquear el movimiento de sus miembros y partidarios y tipificar como delito el apoyo prestado a ellos.

La lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), creada por el Congreso con una enmienda de 1996 a la ley federal, está diseñada para cortar la financiación a los grupos terroristas, bloquear su inmigración hacia Estados Unidos de América y autorizar la deportación cuando los miembros del grupo son encontrados en el país. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la lista FTO desempeña un papel mucho más decisivo en la guerra contra el terrorismo. Su objetivo es permitir aislar a esas organizaciones terroristas, ahogar sus recursos y apoyo financiero, y evitar el movimiento de sus miembros a través de las fronteras internacionales. Esta facultad de designar (o quitar) a organizaciones terroristas, incumbe al Secretario de Estado.

Actualmente, (junio de 2005) la lista costa de 40 organizaciones terroristas extranjeras, e se incluyen otras 40 organizaciones declaradas como: Otras organizaciones terroristas.

Un grupo puede ser designado FTO si llena tres requisitos:

Para un grupo designado como FTO hay tres consecuencias:

Las listas de terroristas son esenciales en guerra contra el terrorismo

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1.3.8. Las Organizaciones Internacionales Relacionadas con la Lucha contra elFinanciamiento del Terrorismo

 

 

Las organizaciones internacionales o regionales que incluyen el tema del financiamiento del terrorismo en sus preocupaciones, son principalmente las siguientes:

 

1.3.8.1. El Comité Contra Terrorismo de las Naciones Unidas

Este Comité, oficialmente declarado como Comité del Consejo de Seguridad, fue creado por la resolución 1373 de las Naciones Unidas del 28 de septiembre de 2001, en su artículo 6 y 7 que decide:

6. establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, un Comité del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros del Consejo, para verificar la aplicación de la presente resolución, con la asistencia de los expertos que se consideren apropiados, y exhorta a todos los Estados a que informen al Comité, a más tardar 90 días después de la fecha de aprobación de la resolución y con posterioridad conforme a un calendario que será propuesto por el Comité, de las medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resolución;

7. Pide al Comité que establezca sus tareas, presente un programa de trabajo en el plazo de 30 días después de la aprobación de la presente resolución y determine el apoyo que necesita, en consulta con el Secretario General;

Este comité, compuesto de 15 miembros de Consejo de Seguridad está encargado de vigilar la aplicación de esta misma resolución por todos los Estados y aumentar sus capacidades en materia de lucha antiterrorista. No está encargado de vigilar al respeto de la aplicación de sanciones y no establece listas de organizaciones o individuos terroristas (Esta prerrogativa incumbe al Comité creado por la resolución 1267 para vigilar la aplicación de las medidas contra los Talibanes y al Qaeda).

Las tareas del CCT pueden consultarse sobre su sitio Internet: http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/index.html

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1.3.8.2. El Comité Interamericano Contra el Terrorismo

 

En noviembre de 1998, se realizó en Mar del Plata, la Segunda Conferencia Especializada sobre Terrorismo realizada concluyendo con la adopción del Compromiso de Mar del Plata. Ese compromiso requería el establecimiento dentro de la Organización de los Estados Americanos de un “Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE)” integrado por las “autoridades nacionales competentes “de los estados miembros.

Este esfuerzo fue respaldado además por los jefes de estado del hemisferio en el plan de acción de la segunda cumbre de las Américas en Santiago de Chile. La reunión posterior de la asamblea general respaldó las recomendaciones y decisiones contenidas en el compromiso de Mar del Plata y estableció oficialmente el CICTE.

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos actúa como principal organización dentro del Sistema Interamericano para la coordinación de los esfuerzos destinados a proteger a los ciudadanos de los países miembros del flagelo del terrorismo, funcionando a través del intercambio de información entre los principales líderes, los peritos en la materia y los encargados de tomar decisiones trabajan juntos para fortalecer la solidaridad y la seguridad hemisféricas.

Los objetivos básicos del CICTE, estipulados en el Compromiso de Mar del Plata, son:

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1.3.8.3. Unión Europea: GMT y CODEXTER

En respuesta a los atentados del 11/09/2001, el Comité de los Ministros de los países miembros del Consejo de Europa, el 8 de noviembre de 2001, han acordado la creación de un Grupo Multidisciplinario sobre la acción internacional contra el Terrorismo (GMT) para desarrollar rápidamente la eficiencia de los instrumentos internacionales existentes en el Consejo de Europa en materia de lucha contra el terrorismo.

Los trabajos del GMT han llevado a la identificación de dominios prioritarios de acción, en particular, la búsqueda sobre la noción de “apología del terrorismo” e “incitación al terrorismo”, las técnicas especiales de investigación, la protección de los testigos y colaboradores de justicia, la cooperación internacional en materia de represión, las acciones para eliminar las fuentes de financiamiento del terrorismo y, las cuestiones relativas a los documentos de identidad que aparecen en el contexto del terrorismo. Ha desarrollado también sus trabajos sobre la revisión de los instrumentos internacionales del Consejo de Europa, y en particular la Convención europea para la represión del terrorismo de 1977.

:

GMT aprobó en noviembre de 2002, un proyecto de mandato específico para una reunión de expertos sobre el terrorismo (CODEXTER), que fue aprobado por el Comité de los Ministros de los Países miembros del Consejo de Europa, el 13 de febrero de 2003.

CODEXTER está encargado de proponer ideas al Comité de los Ministros sobre la puesta en marcha de las propuestas del GMT y sobre cualquier nueva actividad para intensificar la acción del Consejo de Europa en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, incluso, en materia de acciones preventivas.

En febrero de 2005, CODEXTER elaboró el proyecto de Convención para la supresión del terrorismo que fue abierta a la firma de los países miembros el 16 de mayo de 2005.

Se pueden consultar informaciones complementarias en el sitio Internet de CODEXTER:

http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Fight_against_terrorism/

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1.3.8.4. GAFI y Organismos Regionales Similares

 

El papel del GAFI en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se ha convertido en referencia mundial para la elaboración de leyes y sistemas nacionales en este ámbito.

Creado en 1989 por los países del G-7, el GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es desarrollar y promover una respuesta internacional para combatir el lavado de activos. En octubre de 2001, el GAFI amplió su mandato para incluir la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Se define actualmente como el organismo internacional encargado de la protección del sistema financiero mundial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El GAFI es un organismo internacional independiente que elabora políticas, y reúne a expertos legales, financieros y encargados de hacer cumplir las leyes para lograr reformas legislativas nacionales y reglamentarias Antilavado de activos (ALD) y Lucha contra el financiamiento del terrorismo (LFT). Su sede está ubicada en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en Paris (Francia). Sus treinta y tres miembros son los siguientes: África del Sur, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, China, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda, Reino Unido, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía. También son miembros, las organizaciones internacionales: La Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Las tres funciones principales del GAFI con respecto al lavado de activos son:

Las acciones más importantes establecidas por el GAFI son:

Algunos GRGAFI han establecido sus propias convenciones o instrumentos sobre ALD. Por ejemplo, en 1990, el GAFIC publicó sus “Recomendaciones de Aruba”, las cuales son 19, y abordan el problema del lavado de activos desde la perspectiva regional del Caribe; y complementan las 40 recomendaciones. Además, en 1992, una reunión ministerial dio origen a la “Declaración de Kingston”, que manifiesta el compromiso de cada buen gobierno de aplicar estándares internacionales ALD. Del mismo modo, en 1990 el Consejo de Europa aprobó su “Convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del delito”, (Convención de Estrasburgo). Estos son instrumentos importantes para la aplicación de Estándares ALD para sus regiones respectivas.

Más información puede ser encontrada en el sitio Internet del GAFI: :

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html

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La INTERPOL también está incluida en la lucha contra el terrorismo, en particular desde 1985 con la creación de un grupo especializado para coordinar y desarrollar la cooperación contra el terrorismo internacional. La subdirección del terrorismo y de seguridad pública (PST) maneja los temas siguientes:

www.interpol.int/Public/Terrorism/default.asp

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1.3.8.6. EUROPOL

 

Europol, a nivel regional europeo, también está incluida en la lucha contra el terrorismo y su financiación. Numerosos documentos se pueden consultar en su sitio Internet: www.europol.eu.int/

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1.3.8.7. Otras Organizaciones Involucradas en la Prevención y Represión del Financiamiento del Terrorismo

 Se trata de las organizaciones con actividades principales diferentes, pero que incluyen de manera segundaria la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La lista a continuación incluye las principales organizaciones concernidas.

 

¤ Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA)

La CICAD incluye desde 1999 un grupo de expertos en materia de lucha contra el lavado de activos, que ataca también el aspecto del financiamiento del terrorismo. Brinda apoyo técnico y capacitación a los países miembros de la CICAD en las áreas financiera, jurídica y de aplicación coercitiva de la Ley.

Ha elaborado un reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves, que toma en cuenta el financiamiento del terrorismo.

Pueden consultarse más información en el sitio de la CICAD: www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/About.asp

 

¤ Organismos financieros internacionales

Algunos organismos financieros internacionales participan también a su nivel en la lucha contra el lavado de dinero, y financiamiento del terrorismo, en particular por participar en el financiamiento de proyectos regionales o nacionales relacionados con estos temas.

En particular el Banco Mundial (BM) en asociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha elaborado para el GAFI una metodología para evaluar las cuarenta recomendaciones y las recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo. Inicialmente realizado en 2002, fue actualizado en 2004 para tener cuenta la revisión de las recomendaciones del GAFI en 2003.

El BM realizó una Guía de referencia contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo que se puede consultar en el sitio Internet: www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/Spanish%20referenceguide.htm

 

El Fondo Monetario Internacional publicó un Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del terrorismo que se puede consultar sobre el sitio Internet siguiente: www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/

 

El Banco Interamericano de Desarrollo, financia diversas acciones nacionales o regionales (en particular con la CICAD/OEA) en relación con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y GAFI, desarrollaron en 2002 (actualizada en 2004) una metodología de evaluación para desarrollar un estándar de metodología única y global de evaluación contra el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo. La metodología está compuesta por 120 puntos que abarcan cada una de las Cuarenta Recomendaciones y las Recomendaciones Especiales del GAFI, incluidas las medidas de aplicación del derecho penal. También, comprende el marco jurídico e institucional ALD/LFT para un país, incluido el establecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s). Asimismo, esta metodología abarca las resoluciones y convenciones internacionales pertinentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras medidas de los organismos internacionales que establecen los estándares. Ofrece una evaluación exhaustiva de las medidas de prevención para las instituciones financieras. www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/15/34864111.pdf

 

El Grupo Wolfsberg de 11 Bancos Internacionales también elaboró principios para la prevención del financiamiento del terrorismo que se pueden ver sobre el sitio: www.wolfsberg-principles.com

 

Diversas otras organizaciones tales como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV o IOSCO por sus siglas inglesas “Internacional Organization of Securities Commissions”) (www.iosco.org), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS – www.iaisweb.org) y el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (www.bis.org/bcbs/index.htm) también elaboraron directrices para su propio sector, en relación con las medidas contra el financiamiento del terrorismo

 

¤ Grupo Egmont

Como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de activos, los gobiernos han creado organismos para analizar la información presentada por las Instituciones Financieras, en conformidad con las exigencias de reportar el lavado de activos. Dichos organismos son denominados, generalmente, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Estas unidades funcionan como centros de coordinación para los Programas Nacionales ALD, porque facilitan el intercambio de información entre las Instituciones Financieras y las Autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes. Debido a que el lavado de activos es un delito transnacional, también ha sido necesario compartir información con otros países.

En 1995, varias UIF’s comenzaron a trabajar en conjunto y formaron el Grupo EGMONT (denominado así, por el lugar donde se realizó su primera reunión: el Palacio Egmont-Aremberg, en Bruselas).La finalidad del Grupo, es ofrecer un foro a las UIF’s, con el fin de mejorar el apoyo dado a cada uno de sus programas nacionales ALD y coordinar las iniciativas ALD. Este apoyo, incluye ampliar y sistematizar el intercambio de información de inteligencia financiera, mejorar los conocimientos técnicos y aptitudes del personal, promover una mejor comunicación entre las UIF’s a través de la tecnología, y ayudar a crear UIF’s en todo el mundo.

Para ser miembro del Grupo Egmont, la UIF de un país, debe primero satisfacer la definición del Grupo Egmont sobre una UIF, que es la siguiente: “Un organismo central, nacional, responsable de recibir (y, cuando sea permitido, solicitar), analizar y difundir información financiera a las autoridades competentes: 1. con respecto a las ganancias que se sospechan que provienen de actos delictivos; 2. exigida por la reglamentación de nacional, con el fin de prevenir el lavado de activos”.

Un miembro debe comprometerse a actuar de acuerdo con los principios del Grupo Egmont, para el intercambio de información entre las UIF’s, en los casos de lavado de activos. Estos principios comprenden condiciones para el intercambio de información, restricciones en los usos de información autorizados, y confidencialidad.

Actualmente (al 29 de junio de 2005), entre los miembros se incluyen 101 jurisdicciones. Los miembros del Grupo Egmont tienen acceso a un sitio Web seguro de intercambio de información, que no está disponible para el público.

Por último, el grupo Egmont ha elaborado una compilación de 100 casos depurados, sobre la lucha contra el lavado de activos, a partir de las UIF’s integrantes del Grupo. www.egmontgroup.org

 

¤ Fiu.net

Fiu.net es un canal de reciente creación (2002), utilizado por algunas UIF de la Unión Europea, con la finalidad de intercambiar, de manera informatizada, información concerniente a sus actividades, a través de una red telemática segura. Su funcionamiento aún se encuentra en estado de prueba.

Actualmente se encuentra integrada por Unidades de Inteligencia Financiera de los siguientes países Europeos: Holanda (MOT) – Luxemburgo (PECO) – Bélgica (CTIF) – Francia (TRACFIN) – Reino Unido (NCIS) – Italia (UIC) y España (SEPBLAC).

Este sistema no sustituye a la red del Grupo Egmont

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 1.3.9. Zona de Lectura

 

 *Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda.

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